PLANES NACIONALES

 DEFINICIÓN

     Un Plan Nacional de Desarrollo es definido como el instrumento rector de la planificación nacional del desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social y política del país, concebidos de manera integral y coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. Es un documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como los Programas de Mediano Plazo que deben elaborarse para atender las prioridades sociales, económicas y sectoriales del mismo

      De lo anterior se infiere que los planes de la nación son las estrategias establecidas por el gobierno y sus entes para asegurar el desarrollo económico y social del país, como es de suponer, los mismos van cambiando en cada período y se van a adaptando a las necesidades del país.



      En la actualidad, según el decreto Nº 1.528 con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación, el Plan Nacional de Desarrollo es elaborado por el Presidente de la República, una vez que la Asamblea Nacional haya aprobado las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, presentadas en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.

      El Presidente de la República Isaías Medina Angarita anunció el 31 de enero de 1942, el Plan Cuatrienal de Obras Públicas, donde se preveía una inversión de cien millones de dólares a ser ejecutados entre 1942 y 1946. Allí se contemplaban obras sanitarias, de vialidad, puertos y aeropuertos, edificios públicos, edificaciones escolares, apoyo a la agricultura y a la ganadería y el desarrollo dentro de la agroindustria, de aquellas industrias preferenciales para subsanar situaciones carenciales de productos como; gradas y aceites, leche en polvo, conservas alimenticias, etc. Años más tarde, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) formuló, entre otros, los siguientes planes: Plan Preliminar de Transporte (1947), Primer Plan Preliminar de Electrificación

(1947), y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Cría, el Plan Mínimo de Producción Agrícola (1946-1947) y el Plan de Irrigación de 20 años (1949).

    Al presidente Rómulo Betancourt, le corresponden los dos primeros planes quinquenales de desarrollo. El presidente Raúl Leoni elaboró el tercer plan de la nación. Del presidente Rafael Caldera son el cuarto y el noveno. Al presidente Carlos Andrés Pérez, se deben los planes quinto y octavo. Mientras que el presidente Luis Herrera Campíns, elaboró el sexto plan de la nación. Este plan tiene el mérito histórico por cierto, de introducir por primera vez en Venezuela, el tema de la democracia participativa como modelo de sociedad. Y el presidente Jaime Lusinchi elaboró el séptimo plan quinquenal de desarrollo. Este plan se realizó con la metodología denominada planificación estratégica situacional, la cual tuvo gran impacto en la administración pública.

 

 1.-  El Primer Plan de la Nación 1960-1964. Capítulo V. Desarrollo de la Comunidad

      En el Primer Plan de la Nación, el tema de la participación se articula a políticas, programas y proyectos de Desarrollo de la Comunidad, entendido este, como un elemento destinado a incorporar a los sectores populares en los programas destinados a elevar su calidad de vida. El enfoque del Plan 1960-64 prescribía que los programas de desarrollo comunal revestían gran importancia en la planificación económica por cuanto despertaban la iniciativa individual y promovían la participación activa de la comunidad en la realización de obras y proyectos, propiciaban el aprovechamiento de recursos financieros y humanos, y lograban asimismo la interrelación entre el desarrollo económico y social”

En este período y en correspondencia con la política de desarrollo comunal impulsado desde el gobierno, se creó la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), mediante Decreto Ejecutivo del 30 de Enero de 1962. Esta agencia oficial aún existe en Venezuela.

  Rómulo Betancourt (que de octubre de 1945 a marzo de 1948 había presidido la Junta Revolucionaria de Gobierno) llegó a la Presidencia constitucional de la República a escasos días de cumplir 52 años de edad. Venía de ganar por sufragio universal directo y secreto las elecciones convocadas para el 7 de diciembre de 1958 por la Junta de Gobierno con una votación de 1.284.092 sufragios, un 49,18% de los votos emitidos para presidente.
    Durante este período, más que un plan se desarrolló un programa de inversiones. La parte cualitativa profundizó en los problemas derivados de la concentración de actividades en la zona central del país, en los lineamientos para llevar a cabo una reforma agraria y en el diseño de un programa de industrialización que tenía como base los principales polos de desarrollo localizados en distintas regiones.

     Cuando Rómulo Betancourt asumió la presidencia de la República en 1959 comienza un Gobierno de coalición que emprendería en base al acuerdo logrado entre Acción Democrática, COPEI y URD, a través del Pacto de Punto Fijo suscrito por Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, el 31 de octubre de 1958.

*(Pacto de Punto fijo:  Fué un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos AD, Copei y URD, firmado el 31 de octubre de 1958, pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez  Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año, el cual permitió la esta. El objetivo del pacto era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia, mediante la participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo del partido triunfador, excluyendo el Partido Comunista de Venezuela, el cual decidió no firmar el acuerdo)*

     El presidente de la República expresó que el país había sido dejado al borde de la bancarrota por la dictadura, situación que su gobierno enfrentaría con austeridad y honradez, anunciando al mismo tiempo la realización de programas reclamados por el desarrollo económico nacional, como los de la Petroquímica y la Siderúrgica, en base a la necesidad de diversificar y “venezonalizar” la producción nacional. Por otra parte, Bentancourt manifestó su intención de hacer una utilización racional del crédito público para atender problemas de primera magnitud como el desempleo, la vivienda, el analfabetismo, la educación y la salud. Llamó la atención sobre las necesidades sociales de la población: “Una política concertada de creación de fuentes permanentes de trabajo, de reforma agraria, de educación, de vivienda, de salud pública, la está exigiendo Venezuela en imperiosa forma, y desatender esas necesidades significaría no sólo criminal renuncia por la sociedad y por el Estado a sus deberes hacia la parte menos favorecida en la distribución de la renta nacional, sino un seguro riesgo de que el país se vea sacudido dentro de plazo más o menos largo por un desbordamiento de masas de pueblos desesperados, similar al turbión de la Guerra Federal”

     En 1960, fueron creadas dos instituciones por Juan Pablo Pérez Alfonso, que era ministro de energía: la Corporación Venezolana de Petróleos (CVP), para supervisar la industria nacional de petróleo, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel petrolero internacional que Venezuela estableció en alianza junto con Kuwait, Arabia Saudita, Iraq e Irán.

Inauguró algunas obras públicas que el anterior gobierno de Marcos Pérez Jiménez había adelantado pero que no logró concluir, como el Puente General Rafael Urdaneta sobre el Lago de Maracaibo

Acción Democrática redistribuyó terrenos públicos y privados improductivos con el fin de detener el declive de la producción agrícola, debido al boom petrolero. Los dueños de terrenos a los que les fueron confiscadas sus propiedades recibieron compensaciones onerosas. Sin embargo esta reforma ha sido criticada pues se
asegura que esas tierras fueron dadas a otros terratenientes allegados de Acción Democrática y de Betancourt, marginando a los campesinos.

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DURANTE LA PRESIDENCIA DE ROMULO BENTANCOURT


     Desde el mismo momento en que Rómulo Bentancourt asumió la Presidencia de la República en febrero de 1959, tuvo que enfrentar numerosos inconvenientes de tipo económico, como el desequilibrio fiscal, el desempleo, la fuga de capitales, la disminución de la producción, la reducción del ingreso y la baja del consumo. Uno de los primeros problemas que confrontó la economía venezolana después de la caída de la dictadura, fue la contracción de la inversión nacional, aunque un cambio en la estructura de la misma hizo que no se afectara el crecimiento interrumpido del Producto Territorial Bruto.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 60: ¿CRECIMIENTO SIN DESARROLLO?

     La economía en la década de los años 60 creció en forma acelerada por el impulso que le dio la actividad petrolera a la industria manufacturera, al sector agropecuario, a la construcción y a los servicios públicos y privados. Sin embargo, un grupo de economistas, sostiene que hubo crecimiento sin desarrollo, ya que para esto último se dé, se necesita que la economía se transforme por su propia dinámica interna, sin recurrir a estímulos exteriores.

     Se inició la política de sustitución de importaciones con proteccionismo, y la consecuente expansión de la industria manufacturera, basada en la importación de insumos, y favorecida por la actividad petrolera. Las otras actividades económicas también crecieron permitiendo un aumento de los ingresos de los dueños de las empresas, importadores y comerciantes, aunque la forma de producción característica de esta fase de la economía venezolana, en la que la inversión extranjera jugaron un papel determinante, ocasionó que el ingreso no llegara a la masa de trabajadores que se concentraban en las zonas urbanas, muchos de ellos provenientes del campo. Esto último provocó el inicio del proceso de marginalización socio-económica, lo que a su vez incidió en una limitación de la demanda y en las pocas posibilidades de continuar expandiendo la actividad industrial, la cual siguió operando en base al proteccionismo estatal, altos costos y precios, capacidad instalada subutilizada, y un mercado doméstico, lo que por supuesto no genera desarrollo económico.

FINES QUE PERSIGUE LA REFORMA AGRARIA EN 1960

     La Ley de Reforma Agraria fue promulgada en un acto histórico llevado a cabo en el Campo de Carabobo el 05 de marzo de 1960. En el primer artículo de ese instrumento legal se establecen los fines que persigue la Reforma Agraria, destacándose el relacionado con el cambio de la estructura agraria del país, conjuntamente con la incorporación de la población rural venezolana al desarrollo económico, social y político de la nación.

     Debido a que se reconoció la existencia de una estructura agraria atrasada basada en el sistema de propiedad latifundista, así como las precarias condiciones de subsistencia de la mayoría de la población rural venezolana, la Ley de Reforma Agraria estableció como objetivo central la transformación de la estructura agraria del país. Para lograr esto último, así como la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político de la nación, la mencionada Ley en su primer artículo estableció la sustitución del sistema latifundista por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra basado en su equitativa distribución, conjuntamente con una asistencia integral a los productores del campo. Por otra parte, la Ley de Reforma Agraria garantiza el derecho de propiedad privada de la tierra basándose en el principio de la función social que la misma debe cumplir, por lo que aquellas tierras que sean trabajadas no están sujetas a expropiación, al menos que en el lugar de las dotaciones o regiones circunvecinas no existan, o sean insuficientes o inapropiadas, tierras baldías u otras propiedades rústica pertenecientes a entidades públicas. A los fines de dar cumplimiento a todas las previsiones de la Ley de Reforma Agraria se creó el Instituto Agraria Nacional, en su carácter de Instituto Autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría.

CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE PETRÓLEO

   La Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) se creó por decreto del Presidente Bentancourt de fecha 19 de abril de 1960, como una empresa nacional de petróleo adscrita al Ministerio de Minas e Hidrocarburos. De acuerdo al Estatuto de la CVP, esta empresa estatal tenía por objeto la exploración, explotación, refinación y transporte de hidrocarburos, así como la compra, venta y permuta de los mismos en cualquier forma, dentro o fuera del país.
A medida que el Estado fue aumentando su participación en los beneficios derivados de la industria petrolera, la nación venezolana iba ganando en conocimientos acerca del negocio de los hidrocarburos, al mismo tiempo que se fue desarrollando una conciencia nacionalista. Con ese marco de referencia se planteó la necesidad de que el estado participara directamente en la explotación de su principal recurso, tal como lo contemplaba la Ley de Hidrocarburos de 1943, aunado al hecho de que la actividad exploratoria de las empresas privadas extranjeras había disminuido como consecuencia de la política de no más concesiones anunciada por el Gobierno Nacional.
     Se le daba a la CVP la atribución de promover otras empresas con el propósito de desarrollar actividades industriales y comerciales de hidrocarburos participando en el capital de dichas empresas. En cuanto a sus características básicas, la CVP tendría personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, adscrita al Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Sin embargo, la CVP se dedicó principalmente al mercado doméstico de productos derivados del petróleo y a la distribución de gas en la zona metropolitana, ocupándose en reducida escala de la exploración y del comercio internacional, actividades claves para el desarrollo de la industria petrolera nacional, convirtiéndose en subsidiaria de la Casa Matriz Petróleos de Venezuela, S.A, el 30 de agosto 1975, en el marco de la nacionalización de la industria petrolera.



LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG)

     Fue creada por Decreto del presidente Rómulo Bentancourt de fecha 29 de diciembre de 1960, como instituto autónomo adscrito a la Presidencia de la República. De acuerdo al Estatuto Orgánica del Desarrollo de Guayana, el progreso económico y social de esta rica zona de Venezuela, que comprendía el Estado Bolívar y el Territorio Federal Delta Amacuro, estaría a cargo de la CVG, como ente rector de la Región Guayana.
Entre los objetivos que persigue la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) están de estudiar los recursos de la Región, el de estudiar, desarrollar y organizar el aprovechamiento hidroeléctrico del río Caroní, y el de programar el desarrollo integral de la Región dentro del ámbito del Plan de la Nación. De igual forma, a la CVG le corresponde promover el desarrollo industrial de la Región, coordinar las actividades económicas, sociales, deportivas y culturales, y contribuir al desarrollo y funcionamiento de los servicios públicos de la zona. Estas amplias atribuciones convierten a la CVG en el rector de la Región de Guayana, con personalidad jurídica propia, como instituto autónomo adscrito a la presidencia de la República.
     La CVG al tener como meta el desarrollo integral de la región, conjuntamente con el desarrollo industrial, promovió la fundación de una nueva ciudad el 2 de julio de 1961 con el nombre de Santo Tome de Guayana, la cual se conoce como Ciudad Guayana, ubicada en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, e integrada por las comunidades de Puerto Ordaz y san Félix, separadas ambas por el río Caroní, pero unidas por dos puentes. Hoy en día la CVG coordina las empresas básicas del Estado establecidas en la Región Guayana, como CVG Siderúrgicas del Orinoco, C.A. (SIDOR), Felsiven, Bauxiven, Interalúmina, Alcasa, Venalum, Minerven y otras más, correspondiéndole también el desarrollo agropecuario, el desarrrollo forestal y el desarrollo social de la Región Guayana, la cual incluye además del Estado Bolívar y el Territorio Federal Delta Amacuro, con los que comenzó originalmente la CVG, el Territorio Federal Amazonas y parte de los Estados Anzoátegui y Monagas, donde se localiza las siembra de pinos de Uverito.

LA DEVALUACIÓN DEL BOLÍVAR EN 1961

     Con el fin de disminuir las salidas de capitales hacia el exterior y evitar que siguieran reduciéndose las Reservas Internacionales del país, el Gobierno Nacional, de común acuerdo con el Banco Central de Venezuela, decidió crear un régimen de control de cambios a partir del 8 de noviembre de 1960. En vista de que esta medida monetaria no solucionó el problema, se decidió complementarla con una devaluación del bolívar el 19 de marzo de 1961, por medio de la cual, el tipo de cambio se situó en Bs. 4.70 por USA $, después de haber permanecido por más de veinte años en Bs. 3,35 por USA $. Sin embargo, este último tipo de cambio se mantuvo para las importaciones consideradas esenciales.
Las Reservas Internacionales del país, que para fines del año 1957 se ubicaban en USA $ 1.396 millones, comenzaron a reducirse aceleradamente a partir de los sucesos de enero de 1958, de tal forma que durante este último año, así como en 1959 y 1960, el total de Reservas Internacionales disminuyó en USA $ 386 millones. Ante esta situación, y para evitar que continuara la fuga de capitales hacia el exterior, motivada especialmente por el clima de intranquilidad política que reinaba en el país.
Aunque el Banco Central fijó un cupo mensual de ventas de divisas a los bancos comerciales, desde ese momento empezó a surgir un mercado extraoficial de divisas, al que acudió la demanda insatisfecha causando una depreciación del bolívar, lo que a su vez originaba una especulación creciente con nuestro signo monetario, y un continuo egreso de divisas.

A TRAVÉS SE QUE LEYES SE PREPARO EL CAMINO PARA LA NACIONALIZACIÓN PETROLERA

     Ante la proximidad del vencimiento de las concesiones petroleras otorgadas a las compañías extranjeras dedicadas a la explotación de los recursos de hidrocarburos en el país, por una parte, y, la falta de precisión existente en la Constitución Nacional y en la Ley de Hidrocarburos en cuanto a los bienes sujetos a reversión, por la otra, se decidió crear una Ley especial que regulara esa delicada materia. En ese sentido, se promulgó el 30 de junio de 1971, la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en la Concesiones de Hidrocarburos, conocida como la “ Ley de Reversión Petrolera”, la misma contenía, las obligaciones de las compañías extranjeras en cuanto a todos los bienes utilizados por ellas en las distintas fases de la industria de los hidrocarburos. Una de esas obligaciones era la de mantener y conservar todos los bienes en buen estado de funcionamiento, para asegurar en esa forma, la continuidad y eficiencia de las actividades petroleras, una vez que las concesiones expiraran y todos los elementos vinculados a las mismas pasaran al patrimonio nacional.

Igualmente se creó un Fondo de Garantía, para garantizar que todos esos bienes, entre los que estaban las tierras, instalaciones, accesorios y equipos, estuvieran en buen estado en el momento de la devolución. Las empresas debían depositar en el Banco Central de Venezuela, un monto equivalente al 10% del valor de los activos sujetos a reversión.

    La Ley de Reversión Petrolera de 1971 produjo numerosos comentarios y reacciones, incluyendo una solicitud de nulidad de la misma, que no prosperó, introducida por algunas compañías petroleras ante la CSJ. Por otra parte, el presidente Caldera al referirse a ese instrumento legal y a otras medidas protectoras de los intereses petroleros de la Nación, expresó: “tenemos que abandonar el concepto del petróleo como una realidad que escapa a nuestras manos, para ganar la idea del petróleo como un elemento subordinado a nuestra realidad nacional”.

COMO SE LLEVO A CABO LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MINERAL DE HIERRO

Las empresas extranjeras Iron Mines Company y Orinoco Mining Company eran titulares de 37 concesiones de mineral de hierro que vencían entre los años 1997 y 2017. Sin embargo, esas concesiones quedaron sin efecto a partir del 1ero de enero de 1975, como consecuencia del Decreto No. 580 del Presidente Pérez del 26 de noviembre de 1974, por medio del cual se establecía que el Estado sería el encargado de explotar el mineral de hierro a través de la Corporación Venezolana de Guayana. Fue así como se inició un proceso de negociaciones con las compañías concesionarias, que concluyó en forma armoniosa con la firma de unos contratos entre las mismas y la Corporación Venezolana de Guayana, que recibieron el nombre de Actas Convenios, por medio de las cuales se le daba continuidad a la industria en u gestión diaria y operativa. De igual forma, esas Actas Convenios establecían que a partir del 1º de enero de 1975 las concesiones que tenían las empresas extranjeras pasaban al Patrimonio del Estado, libre de toda carga o gravamen, mientras que la CVG se obligaba a pagar a esas compañías, compensaciones por los bienes traspasados a la nación, en base a los valores netos de esos activos según libros, al 31 de diciembre de 1974.

CRONOLOGIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESDE 1959 AL 1964

13/02/59 Se instala el Gobierno Constitucional mediante la toma de posesión del Presidente electo en los comicios de diciembre, Romulo Bentancourt, quien instala un gobierno de coalición siguiendo los lineamientos del Pacto de Punto Fijo.

11/03/59 Los Estados Unidos imponen restricciones obligatorias al petróleo crudo, semielaborado y derivados, en la cantidad de 968 mil 100 barriles diarios. Pocos días después el gobierno norteamericano excluye de esta restriccionista al petróleo procedente de Canadá y México. A estas medidas el gobierno venezolano opone una firme política de defensa de los precios.

08/04/59 El Ministerio de Minas envía al Gobierno británico un enérgico memorándum en que manifiesta su oposición a la rebaja de tarifas adoptada por la British Petroleum Corporation, propiedad del gobierno inglés, rebaja que representa para Venezuela una disminución de 560 millones de bolívares en sus ingresos.

16/04/59 El Ministerio de Minas asiste en El Cairo al Congreso Panarábico de Petróleo, del que surgirá el plan de coordinación de la política de defensa de los precios y mantenimiento de las reservas del petróleo por parte de los países productores. Venezuela, cuya experiencia sobre contratos petroleros impresiona al mundo árabe, es el único país invitado extraño al Islamismo.

22/04/59 En la capital egipcia la delegación venezolana destaca la necesidad de crear un organismo especial que coordine a nivel nacional la conservación, producción y exportación de petróleo, tomando en consideración las condiciones prevalecientes en cada nación.

27/04/59 El ejecutivo presenta al Congreso Nacional un proyecto de ley que será factor decisivo del desarrollo: la ley de Crédito Público, tanto interno como externo. Según este instrumento legal que será promulgado el 12 de Agosto siguiente, el gobierno no podrá contratar ninguna clase de empréstito sin la autorización expresa del Congreso de la República.

04/07/59 Se produce la declaración de la política industrial que va a poner en práctica el Gobierno Nacional. Dicha política está esquematizada en cuatro puntos fundamentales: Aumento y diversificación de la producción, sustitución de importaciones, descentralización industrial, estimulo a las exportaciones.

11/09/59 Por el Decreto No. 135, el Gobierno Nacional crea el Consejo Nacional de la Energía.

13/11/59 Se establece el programa de Créditos a la Pequeña y Mediana Industria.

20/11/59 Clausura sus deliberaciones en la Ciudad Vacacional de Los Caracas el Tercer Congreso de los Trabajadores, en el cual se produjo la reestructuración de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.

05/03/60 En el Campo de Carabobo el Ejecutivo Nacional pone el Cúmplase a la Ley de Reforma Agraria en un acto revestido de la mayor solemnidad a fin de recalcar la importancia de la medida legal.

24/09/60 Se hace público en Caracas el Pacto de Bagdad, que crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), idea propuesta por Venezuela a comienzos de 1960 en el Congreso Panar{abigo de El Cairo.

08/11/60 El Gobierno Nacional establece el control de cambios a fin de frenar la recesión económica y la fuga de divisas.

29/12/60 Por el Decreto No. 430 el Gobierno Nacional crea la Corporación Venezolana de Guayana, como Instituto Autónomo adscrito a la Presidencia de la República.

23/01/61 Es promulgada la nueva Constitución Nacional. Este instrumento legal, a cuya elaboración prestaron su concurso todas las corrientes políticas dentro y fuera del Parlamento incorpora a la Carta Fundamental figuras jurídicas modernas, orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática y promover el desarrollo.

13/02/61 Es promulgada la Ley de Bancos y otros institutos de crédito.

26/02/61 Tiene lugar el Censo Nacional de población.

11/03/61 En su segundo mensaje al congreso Nacional el presidente de la República anuncia un plan de recuperación económica destinado a paliar las dificultades del fisco nacional en virtud de la recesión económica que se acentuó el año anterior.

28/03/61 Con el asesoramiento de la Naciones Unidas el Gobierno Nacional crea el Instituto Venezolano de la Productividad.

29/06/61 Es promulgada la Ley de Medidas económicas de urgencia que provee de poderes extraordinarios al Ejecutivo Nacional para contrarrestar el deterioro de la situación fiscal, tales como la reducción de asignaciones, sueldos y salarios al personal de la Administración Pública.

03/07/61 En todo el país se conmemoran los 150 años de la firma del Acta de la Independencia.

15/02/62 se inaugura el puente “María Nieves” o “Puente Páez”, primero construido sobre el río Apure.

28/02/62 Por primera vez en Caracas se reúnen los países de la OPEP en la tercera conferencia de la Organización.

03/04/62 En virtud de la Ley de poderes especiales, el Presidente de la República dicta el Decreto No. 723, que introduce modificaciones en la Ley de Impuesto sobre la Renta, y el Decreto No. 724 del 30 de junio de 1961 sobre cotización de dólar y control de cambios.

10/05/62 El Gobierno Nacional decreta la creación del Consejo de Comercio Exterior.

12/06/62 El Gobierno de Washington autoriza un aumento de 14 mil barriles diarios en la cuota de crudo de petróleo venezolano para el segundo semestre.

09/07/62 Se inicia la producción de acero en la Siderúrgica del Orinoco.

02/08/63 se constituye la empresa CVG-Electrificación del Caroní: EDELCA

08/01/64 Se elimina el control de cambios y se reglamenta la unificación cambiaría.

27/01/64 Se inicia la construcción de la planta hidroeléctrica de Guri.


     El 13 de marzo de 1964, el gobierno cumple la promesa de entregarle la Presidencia al candidato ganador de las elecciones nacionales. Así terminaba el período presidencial de Rómulo Betancourt lleno de problemas políticos pero con trabajo en materia de libertades políticas (instauración del régimen de partidos, promulgación de la nueva Constitución); en planificación económica (promulgación del Primer Plan de la Nación); en educación (más de 3.000 escuelas primarias y 200 liceos); en el rescate de la industria petrolera (creación de la CVP y apoyo a la OPEP); en política económica (la reactivación y la reforma agraria) y en política exterior (defensa del sistema democrático en el continente). En estos 5 años Venezuela había superado el trauma de un régimen dictatorial y había transitado hacia un sistema de libertades que tuvo su mayor éxito en la estabilidad institucional y en el apoyo de los grupos sociales determinantes (partidos de la coalición, empresarios, sindicatos, las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica) al gobierno, a pesar de las conspiraciones de derecha e izquierda, la lucha armada, la baja en el precio del petróleo, los conflictos con Cuba y las dictaduras de derecha en el Caribe y la reducida productividad económica y social.

B. El Segundo Plan de la Nación 1963-1966. Capítulo XVIII. Desarrollo de la Comunidad.

En el Segundo Plan de la Nación se consolida y amplia la visión sobre el Desarrollo Comunal como medio de promoción de la participación social y como elemento estratégico para el desarrollo adecuado y eficiente de las políticas públicas. “En Venezuela el programa de Desarrollo de la Comunidad no es un programa más que ha sido añadido a los numerosos programas sociales y de fomento económico que se realizan en todo el ámbito nacional. Desde el comienzo se le consideró como un gran programa aglutinador, basado principalmente en la coordinación de todos los programas nacionales, estadales y locales que promueve el bienestar de la comunidad. Se pensó que a través de la participación activa de la comunidad en la solución de sus problemas, de la reorientación y capacitación del personal empleado, del pleno aprovechamiento de los recursos de las organizaciones no gubernamentales, se podrían lograr los objetivos principales del programa que son el cambio de actitudes, la mayor integración de las comunidades y un mayor rendimiento de los recursos financieros y técnicos asignados a los programas gubernamentales y, en definitiva, el mejoramiento de las condiciones de vida”.

Un dato adicional es que el Plan 1963-66 contempló la vinculación de la Reforma Agraria con la estrategia programática de Desarrollo de la Comunidad; y también la continuación de actividades de entrenamiento de personal en el desarrollo comunitario tanto a nivel talleres en centros urbanos y rurales, así como en el ámbito de cursos de postgrado en el Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela.

C. El Tercer Plan de la Nación  1965-1968. Capítulo XX. Desarrollo de la Comunidad. Raúl Leoni

El Plan para el lapso 1965-68 fue una continuación y mejoramiento de la visión, objetivos y propósitos fundamentales de los dos planes anteriores.


El propósito central del 3er Plan fue impulsar la gradual tecnificación del programa de Desarrollo de la Comunidad, mediante la sistematización de sus contenidos, la calificación de recursos humanos y la institucionalización de mecanismos de coordinación y acción de los entes vinculados a la estrategia.

   Este Plan propone  la incorporación del país a la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio creado en 1960)  y a pesar de la oposición empresarial, el gobierno siguió firme en su vocación integracionista.  Se mantiene las mismas estrategias diseñadas en los planes anteriores pero fueron perfeccionadas, ampliadas y reformadas para adquirir una mayor precisión, así como también las medidas de políticas económicas necesarias para dar cumplimiento al mismo.

Entre sus objetivos se encuentran: Independencia progresiva de la economía frente al petróleo, Incremento acelerado de la producción, disminución del desempleo alrededor del 7%, aumentar el 30% en las matriculas de todos los niveles, reducir analfabetismo de la población > 14 a. del 20% que se encontraba al 4% en 1968, adiestramiento de 367.000 trabajadores a través del INCE.

     lL Planificación en Venezuela para el periodo 1960-1968 se caracterizó por ser un instrumento para ratificar como un hecho político, las promesas expresadas en los programas que representaban los gobiernos para esa época.

  La sistematización abarcó fundamentalmente los programas de Edificaciones Escolares Rurales; de Vivienda Rural, de la División de Malariología; de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Sanidad y el de formación de personal en el área de desarrollo comunal. En este último programa destacó el esfuerzo emprendido por el Gobierno Nacional de la época; y de organismos multilaterales como el Fondo Especial de las Naciones Unidas, para lograr la consolidación del Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación Aplicada para el Desarrollo Comunal.
    El 3er Plan de la Nación contempló la consolidación de una instancia nacional para impulsar el programa de Desarrollo de la Comunidad en un esfuerzo combinado entre los sectores público y privado. Nos referimos al Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad integrado por los ministerios de Educación, de Sanidad y Asistencia Social; de Agricultura y Cría; de Justicia; y del Trabajo; el Banco Obrero; el Consejo Venezolano del Niño, los institutos Agrario Nacional; Nacional de Nutrición; y Nacional Obras Sanitarias; el Consejo de Bienestar Rural Universidad de Oriente, el Instituto Venezolano de Acción Comunitaria (IVAC), la Federación de Instituciones Privadas de Asistencia Privada; el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES); la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN) la Asociación Nacional de Productores de Cemento, Caritas de Venezuela; la Corporación de Guayana; Acción de Venezuela; Asociación de Scouts; y CORDIPLAN.

D. El Cuarto Plan de la Nación 1969-1974. Capítulo VII. Desarrollo Social

Con el Plan 1970-74 el tema de la participación social toma otra vertiente de desarrollo. Esta vez vinculada a la política social y más específicamente aún referida a los sectores sociales marginados.

En efecto, la estrategia de Desarrollo de la Comunidad pasó de ser un programa que permite la acción coordinadora de otras políticas públicas; para convertirse en un elemento de lo que se considera en el 4to. Plan como una política de promoción popular. La promoción popular era vista como un conjunto de esfuerzos integrados y destinados a estimular transformaciones en el sistema socioeconómico y cultural que permitieran la incorporación y participación deliberada y consciente del hombre como sujeto de todos los procesos y fines el desarrollo. Dos objetivos fundamentales se concibieron alrededor de este concepto, a saber:

a. La incorporación de la población al proceso de producción y distribución de riquezas y disfrute de los beneficios de desarrollo; y,
b. La participación popular en las tareas de ejecución del desarrollo.

Aquí deseo destacar el segundo de los objetivos, porque suponía la participación popular en las tareas de organización, y ejecución del desarrollo, e implica un proceso de modificación y transformación de las actuales estructuras de decisión, a través de una toma de conciencia y organización de la población con el fin de facilitar y asegurar una auténtica y adecuada representación y participación de los sectores populares.


DESARROLLO NACIONAL
  En 1969-1974, Caldera redefinió en favor del Estado la política Según el IV Plan de la Nación (1970-1974), Venezuela confrontaba un momento decisivo en la historia económica. El país debía optar por la creación de una economía industrial moderna, que progrese y se fortalezca económicamente sobre la base de la expansión del comercio internacional.
  Caldera en política exterior suscribió acuerdos o tratados de muy significativa importancia para Venezuela, ya que gracias a los mismos se comenzaron a sentar las bases para la posterior integración latinoamericana. En un mundo bipolar, dividido en dos bloques comandados por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y los Estados Unidos de América (E.U.), América latina abogaba por una unión continental, basada en la similitud cultural e histórica, con la finalidad de obtener el bienestar económico común. Así mismo, en este período se observó, cierta tendencia hacia la multipolaridad y no hacia la bipolaridad, lo cual se acentúa con el surgimiento de un nuevo orden económico internacional signado por la perspectiva sur-sur.
  En su primer período de gobierno, Caldera, inauguró una política de reformas desarrollistas tendente a superar la exclusiva dependencia del petróleo y el gas natural, ya que el 90% de los ingresos de la balanza comercial procedían de la exportación de los combustibles fósiles
      A tal fin, el 31/12/1971 notificó a Estados Unidos, país que había visitado en junio del año anterior, la expiración del Tratado de Reciprocidad vigente desde 1939, por el que a cambio de facilidades aduaneras para las materias primas venezolanas (básicamente, petróleo y derivados), las mercancías de aquel país entraban en Venezuela prácticamente libres de aranceles, lo que venía perjudicando seriamente las manufacturas nacionales, especialmente en tiempos de depreciación del dólar.
  Al mismo tiempo, el mandatario invocó la plena soberanía del Estado venezolano para decidir los precios oficiales de los hidrocarburos, elevo al 60% los impuestos que las compañías extractoras y comercializadoras debían pagar y dispuso las condiciones en que se desarrollaría a partir de 1983 (tal como preveía la Ley de Hidrocarburos de 1943).
  Este programa moderadamente nacionalista se valió de tres instrumentos legales, aprobados sucesivamente por el Congreso en julio de 1971, agosto de 1971 y junio de 1973. Estos eran: la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, más conocida simplemente como Ley de Reversión; la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural; y la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos
POLITICA FISCAL
  El IV Plan de la Nación planteo que para que el Estado pudiera cumplir su función de motor del desarrollo económico y social sería indispensable una política fiscal capaz de generar los recursos que el Sector Publico requería para atender las crecientes necesidades del país. Estas medidas serían:

• Controlar la evasión fiscal y agilizar la recaudación de los ingresos fiscales pendientes a fin de que se efectuaran en el mismo año de la liquidación.
• Estimular el ahorro y la inversión privada como factores dinámicos dentro del proceso de desarrollo.
• Ampliar la base del sistema tributario, tanto en lo que se refiere al número de contribuyentes como a los actos gravados.
• Influir en la estructura del consumo, gravando aquellos bienes de uso superfluo o de lujo.
• Mejorar la incidencia de la carga fiscal sobre los diferentes factores de la producción y sectores económicos.

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN O DESARROLLO INDUSTRIAL
  Por Decreto N° 1.008 del 14 /06/1972 se dictó el Reglamento Parcial del Artículo 84 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que estableció la obligatoriedad para las empresas petroleras de presentar al Ministerio de Minas e Hidrocarburos antes del 1° de diciembre de cada año sus programas de producción y ventas para el año siguiente. Igualmente estableció normas para la preparación de la declaración estimada de ingresos que debieran presentar las empresas petroleras al Ministerio de Hacienda.
  En lo más relevante podemos mencionar que la explotación de los recursos no renovables, minería e hidrocarburos, se realizaron al ritmo que proporcionaban mayores ventajas al país, evitando el despilfarro de estos valiosos activos naturales. Esto se logró gracias a la ágil política del gobierno de fijar en uso de la soberanía del Estado los precios de venta y de participar, cada vez más, en los beneficios de esta actividad y en su paulatino control.
  La participación fiscal por cada barril de petróleo extraído, que era de Bs. 3.93 al comenzar el quinquenio, llego a Bs. 34.63, sin incluir los ajustes por regalía.
  El valor de exportación promedio del barril, que al empezar el año 1969 no alcanzaba a dos dólares, excedió de catorce dólares. Y demostraron con hechos que su política no debía orientarse a extraer mayor volumen sino a obtener una retribución mayor por el petróleo ofrecido al comercio internacional.
  No obstante el proceso de industrialización supero la etapa de sustitución de importaciones y se centró firmemente en la producción industrial para la exportación, que en los productos no tradicionales creció en el 74 por ciento. La producción y distribución de energía eléctrica, estuvo compuestas por: la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) como la de Electricidad del Caroní (EDELCA) realizaron grandes obras, entre las cuales sobresalen el Complejo Hidroeléctrico General José Antonio Páez en los Estados Mérida y Barinas y la segunda etapa de la planta Hidroeléctrica del Gurí en el Estado Bolívar.
DESARROLLO AGRÍCOLA
  En el IV Plan de la Nación, se crean acciones de planificación basadas en el “Deber Ser”, donde surgen maneras de impulsar la labor de campo, incorporando y estimulando a la población a los procesos para la producción de bienes y servicios. Para ello se implementarían estrategias que facilitaría la participación del pequeño y mediano trabajador rural, así como también  darle uso eficiente a los procesos incrementando los ingresos debido a la mayor producción.
  Para alcanzar estos objetivos se implementa el Programa de Reforma Agraria Integral (PRIDA) financiado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID), donde su principal tarea era de crear condiciones para el fortalecimiento de la producción rural a fin de satisfacer la demanda de los alimentos, este tipo de políticas a favor del pequeño productor lo consolida como productor mercantil enmarcado en la Ley Venezolana de Reforma Agraria.
  En el primer gobierno de Rafael Caldera se le dio continuidad a la Reforma Agraria, donde el Instituto Agrario Nacional (IAN) le daría importancia al aumento de la producción de estos pequeños productores rurales que se incorporarían al desarrollo económico y social del país. Para ello, debe existir una organización cultural donde incida el adiestramiento continuo para el mejoramiento en los canales de producción agropecuaria.
  Se crea el Fondo de Crédito Agropecuario (FCA), el cual sería uno de los principales organismos de financiamientos a esta actividad, donde presta principal atención a programas de desarrollo rural que presentaban ante el IAN.
  En el IV Plan en materia agrícola se destacan entre otros, algunos hechos importantes: se congelaron los precios de los insumos agrícolas para beneficiar al productor, y el 31 de Diciembre de 1973 se dicta un Nuevo Reglamento a la Ley del Trabajo quedando al trabajador rural con los mismos derechos a los demás trabajadores.

DESARROLLO SOCIAL

  Durante el período de Gobierno el porcentaje del gasto público destinado al gasto social alcanzó cerca del 40%. La tasa promedio de inflación presentó una tendencia creciente, debido principalmente a la aplicación del modelo neoliberal, pasando de 1,29 en el gobierno de Betancourt a 59,96 para el cierre del período de Rafael Caldera
  Dentro de este marco, Caldera asigna a la educación la primera prioridad, por lo que asigna a este sector el doble de los recursos, la matrícula de educación (preescolar, primaria y superior) alcanzo en 1973 a más de dos millones ochocientos mil alumnos, lo que represento en cinco años un incremento de 33,3%
  Se establece un nuevo régimen de evaluación del rendimiento estudiantil para  cursantes de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal y Técnica, a través de tres Reglamentos Sectoriales:
·  Reglamento sobre el Régimen Especial de Evaluación Escolar para las ramas de Educación Preescolar y Primaria.
·  Reglamento sobre el Régimen Especial de Evaluación Escolar para el Primer ciclo de las Ramas de Educación Secundaria, Técnica y Normal.
·  Reglamento sobre el Régimen Especial de Evaluación Escolar para el Segundo Ciclo de las ramas de Educación Secundaria, Técnica y Normal.  En cuanto a la Educación Superior, en 1970 se promulga la Ley de Universidades, se crea la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

E. El Quinto Plan de la Nación 1973-1978. Parte D. Urbanización, Equipamiento y Programas para Áreas Marginales. Carlos Andrés Pérez.

     Con el 5to Plan de la Nación, el concepto y las iniciativas vinculadas al tratamiento del tema de la participación ciudadana sufren otro cambio. En ese momento ya no consideradas como un canal para la inclusión de vastos sectores sociales en la resolución de sus problemas específicos, con un rol de protagonismo.

    La visión del plan inmediatamente anterior, de utilizar la promoción popular como un medio de protagonismo de la población en la atención a sus problemas desaparece. De hecho el Plan 1973-1978 resaltó la cuestión del desarrollo de la comunidad en el marco de la atención a los sectores más vulnerables mediante la aplicación de medidas de intervención estatal fundamentalmente en el ámbito de la infraestructura.

     En el contexto del 5to Plan, la propuesta central fue los denominados “Módulos de Servicios” que concentraban la coordinación de programas tales como: vialidad y urbanismo, reubicación, mejoramiento y auto construcción de viviendas y asistencia social.

F. El Sexto Plan de la Nación 1979-1984. Capítulo VIII. Organización Social y Participación

     Los planteamientos y las propuestas de este plan implicaron un salto cualitativo trascendente en el tema de la participación ciudadana. De hecho, por primera vez en la historia del sistema político venezolano se colocó en el tapete el tema de la democracia participativa. En efecto, Plan 1979-84 tuvo “un principio rector básico (...) la consolidación de la democracia participativa, mediante la cual se persigue impulsar la presencia activa del pueblo en la preparación, toma y ejecución de decisiones, (subrayado nuestro) de modo que personas y organizaciones desarrollen responsablemente sus iniciativas, entreguen sus aportes y reciban una parte equitativa de los beneficios del producto social global”.

La posibilidad de impulsar en el país un nuevo modelo de gestión de políticas públicas sobre la base de la participación social es asomada con mayor claridad en el Plan 1981-85; sin considerar, en este momento, la posterior eficacia con que pudo ser realizada. Esta prescripción de democracia participativa tuvo los siguientes objetivos:

a. Mejorar y fortalecer los niveles de organización social de los distintos sectores de la población, con especial énfasis en los grupos de menores recursos.
b. Promover cambios de actitudes y valores en la sociedad venezolana, que conduzcan a una menor dependencia del paternalismo del Estado, a una mayor valorización de la organización social como instrumento de participación y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
c. Realizar las modificaciones legales e institucionales necesarias para estimular, orientar y apoyar los procesos de organización social y participación, y para posibilitar la coordinación de los diversos programas dispersos en múltiples entidades oficiales.
d. Promover el crecimiento integral y planificado del cooperativismo para convertirlo en un instrumento eficiente del desarrollo social y económico del país.

G. El Séptimo Plan de la Nación 1984-1988. Capítulo V. Lineamientos de Acción. Jaime Lusinchi.

Así como en el plan anterior el tema de la participación social cobró un inusitado entusiasmo e incluso un replanteo de la democracia por su sentido participativo; el 7mo. Plan de la Nación le otorgó un tratamiento renovado, agregando la privatización de entes públicos.

En el Plan 1984-88, el tema de la participación ciudadana se le considera “no sólo como una propuesta de acción, sino también que propone una forma de organización para realizarla”. Bajo este concepto el tema de la participación social pudo ser identificado en dos componentes del plan:

a. Avance hacia una sociedad más justa
b. Profundización de la democracia política.

En el componente Avance hacia una sociedad más justa, para la cuestión participativa se propone la creación de nuevas formas empresariales que democraticen la propiedad del capital y la gestión empresarial. Y más específicamente aún se sugiere el acceso de a una educación creativa y a una cultura participativa.

En el componente Profundización de la Democracia Política; se establecen como problemas básicos las distorsiones en el sistema de participación política y las modalidades excluyentes en la gestión empresarial. Plantea así mismo como lineamientos estratégicos: revitalizar la democracia, equilibrando mejor las relaciones de poder y creando sistemas de participación; democratizar las formas de propiedad y enfrentar los elementos de fragilidad de la democracia

En cuanto a los proyectos de acción referidos los lineamientos estratégicos en materia de la Profundización de la Democracia Política, el 7mo Plan propuso: la protección Ciudadana y la Defensa de la Nación; la Profundización de la Democracia Política; la Privatización de Empresas Públicas y el fortalecimiento de un Sistema Económico de Cooperación (SEC) entre el sectores público y privado.

H. El Octavo Plan de la Nación 1989-1994. Capítulos Compromisos Social, Crecimiento Sin Inflación, Cambio Institucional. Carlos Andrés Pérez

El 8vo Plan de la Nación tuvo un desarrollo multisectorial del tema de la participación en la gestión gubernamental. El Gran Viraje como también se le conoció propuso como objetivo lograr una democracia moderna y eficiente, capaz de propiciar un ambiente para que las decisiones colectivas incorporen las voces de todos los afectados, generando una nueva cultura nacional de participación y concertación.

En el área de Compromiso Social, el Plan 1989-94, proponía el fortalecimiento de la red Institucional del Sector Social, mediante la promoción de la formación en gerencia social con énfasis en la atención a grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos e indígenas en pobreza extrema) y la gestión concertada de los servicios con el sector privado no-lucrativo o comercial y con la población organizada. Además consideró estratégico la promoción de la participación organizada mediante las siguientes acciones:

a. La creación de la Comisión Presidencial para el Enfrentamiento de la Pobreza y sus comisiones regionales como organismos para la concertación de la nueva estrategia social.
b. La creación y extensión de los centros de atención integral a la mujer.
c. El apoyo prioritario a la organización de las comunidades de bajos ingresos, en especial el sector femenino.
d. Ampliación de la capacidad de gestión de las organizaciones de base de las comunidades.
e. Fortalecimiento del movimiento femenino nacional y de otras asociaciones no gubernamentales.
f. El impulso de la participación de las comunidades en los gobiernos locales.

Desarrollo de una red institucional del Estado para la política social.

Fomento de la cooperación de la sociedad civil en la formulación y ejecución de los programas sociales.

En el plano económico se sugirió redefinir el ámbito empresarial del Estado mediante la transferencia de la propiedad empresas de carácter privado; y la transferencia de la gestión de empresas de servicios públicos lo cual significaba una nueva oportunidad para abrir espacios para la participación de sectores no estatales en la gestión económica.

I. El Programa de Estabilización y Recuperación Económica 1994. La estrategia de Acción Social. El Noveno Plan de la Nación 1995. La Agenda Venezuela.

El Programa de Estabilización y Recuperación Económica elaborado en el ejercicio fiscal de 1994 contenía como orientación de la política social propuesta, la elevación de la capacidad de organización de la sociedad civil destinada a su vez, a incrementar las capacidades de la población más desasistida para apropiarse del producto social. Esta visión estratégica de nuevo centró la cuestión de la participación ciudadana en el ámbito de la asistencia económica y social bajo un llamado a la solidaridad; a la vez que sugería dentro de la optimización de los mecanismos de distribución del gasto público la implementación de la “planificación participativa” a través de organismos gubernamentales como el INCE, el Ministerio de la Familia, FUNDACOMUN y también la incorporación de las organizaciones no gubernamentales que paulatinamente ganaban espacios como un agente activo al menos en la formulación de las políticas públicas.

Entre las acciones más significativas contenidas este documento previo al 9no Plan de la Nación; deben mencionarse:

- El proyecto de alimentación y salud que comprendía entre otros a la beca alimentaria, el bono lácteo el bono de cereales, la distribución de útiles y uniformes escolares y sobre todo los multihogares para la atención integral del niño, mediante la organización comunitaria; el Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI) para la organización y acceso de las madres y menores a la salud y nutrición.

- La economía solidaria que contemplaba entre otras acciones, el programa de promoción de organizaciones mediante la asistencia técnica y la promoción por parte de ONG´s para el fortalecimiento y creación de organizaciones de la comunidad, orientadas a actividades productivas, mediante la gestión de CORPOINDUSTRIA.

- El impulso de actividades dirigidas al impulso y fortalecimiento de asociaciones de civiles dirigidas al desarrollo del abastecimiento y economía populares.

El 9no Plan de la Nación continuó la inclusión del tema de la participación social en sus diversos componentes. Rafael Caldera
      Al respecto, se deben mencionar sus contenidos temáticos referidos a los sectores sociales educativos ambiental e institucional. Veamos.

   En materia social el Plan diseñado en 1995 bajo el paradigma de la solidaridad suponía que “la participación es la condición necesaria para la concreción de la libertad en el desarrollo del proyecto de país, ella implica el trabajo productivo creador y la apropiación del ámbito de la toma de decisiones para convivencia colectiva”

Entre los objetivos propuestos destacó la organización participación y gestión local vinculada a la descentralización y a un sector social específico como lo constituye la juventud. La organización y gestión de la sociedad civil fue percibida como una estrategia que atravesaba transversalmente todos los sectores del 9no Plan. En síntesis, la participación de fue estimada como principio, medio y fin de la política social.

Cabe agregar, que la descentralización fue considerada como un medio estratégico, para lograr una participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. Para finalizar, el 9no Plan proponía que: “el Estado venezolano tendrá que abandonar la actitud paternalista y asistencialista que ha tenido en los últimos años, creando canales de participación para que los ciudadanos asuman un rol protagónico en la solución de sus problemas, asumiendo un papel más activo como sujetos de desarrollo”.

Por último, la Agenda Venezuela constituyó un nuevo documento técnico que esbozó los principales lineamientos de acción de este período gubernamental. Cabe destacar la concreción de la participación de la sociedad organizada y de las comunidades en la ejecución de varios programas sociales que incluía dicha agenda.

En una próxima entrega presentaré algunos precedentes institucionales sobre los mecanismos de participación ciudadana impulsados entre 1958 y 1998.

En Venezuela se ha planteado la construcción de un nuevo modelo político y económico, que implica la apropiación social del conocimiento científico, para facilitar la potenciación de las capacidades territoriales y locales del país. Es así como se diseña el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2005-2030), donde se especifican las políticas, estrategias, y metas a mediano y corto plazo, para abordar las áreas definidas como prioritarias, así como las formas de inversión para la ciencia y tecnología, también busca una mayor descentralización productiva a través de la diversificación y consolidación de las actividades económicas en todos los espacios de la República.

La gerencia de la investigación aparece como un proceso que se inicia en el sistema nacional de innovación, donde la inteligencia tecnoeconómica, la prospectiva y la planificación estratégica impacten positivamente la gestión de calidad de la actividad investigativa.

Es necesario que la comunidad científica venezolana desarrolle proyectos de investigación alineados dentro de las áreas que respondan a la política pública del SNCTI. Esto les permitirá obtener las Fuentes de financiamiento necesarias para el desarrollo y la divulgación de las investigaciones. De esta manera se generará en el país conocimiento oportuno y pertinente, en condiciones de viabilidad y factibilidad, a fin de generar un impacto social que mejore la calidad de vida de los venezolanos.

X PLAN DE LA NACIÓN 
 El X Plan de la Nación, establecía cinco componentes programáticos denominados “equilibrios” que agrupaban los distintos lineamientos y proyectos para la acción que debían marcar la gestión del gobierno en el período 2001-2007. Tales equilibrios eran los siguientes:

- Equilibrio Económico
- Equilibrio Social
- Equilibrio Político
- Equilibrio Territorial
- Equilibrio Internacional

1. El equilibrio económico, se planteaba como propósito ampliar y profundizar la democracia económica que enfatice la cultura del trabajo y la producción, y que eliminara la dependencia del rentismo petrolero. También consideraba diversificar la economía petrolera y estimular la economía social. En materia de participación ciudadana dentro de este componente se planteaba como objetivo fortalecer la microempresa y las cooperativas.

2. El equilibrio social se planteaba como objetivo alcanzar la justicia social; estableciendo la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil; e incorporando nuevos actores, con especial énfasis en la acción comunitaria para formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y rendición de cuentas.

En cuanto a la participación popular se consideraba el fortalecimiento de la participación social y la generación de poder ciudadano, en espacios públicos de decisión. Teniendo como estrategia la descentralización de la políticas sociales con la participación para incentivar redes sociales, la promoción de organizaciones de base, el estímulo de la sociedad como contralora de lo público y el fomento de la corresponsabilidad ciudadana.

3. El equilibrio político estaba orientado hacia el establecimiento de una democracia social de derecho y de justicia, respetando los derechos humanos y logrando en la práctica una vida colectiva basada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, y la equidad. Se trataba de impulsar una democracia participativa y protagónica. Con el equilibrio político se proponía alcanzar como metas más concretas; el diseño e impulso del sistema nacional de planificación, la institucionalización de los compromisos de gestión, propiciar la participación ciudadana y construir el Estado federal descentralizado.

4. El equilibrio territorial se proponía entre otros objetivos el incremento de la superficie nacional ocupada; el mejoramiento de la infraestructura física y social y el aumento de la población y de las actividades productivas. El plan contemplaba tres fachadas de integración, a saber: la Amazónica, la Andina y la Caribeña. El plan también consideraba tres ejes de desconcentración tales como: el Occidental, el Orinoco-Apure y el Oriental. Este componente no recogía propuestas de participación ciudadana, en un sentido estricto.

5. Por último, el equilibrio internacional suponía enmarcarse en las relaciones internacionales buscando ampliar y profundizar la democracia, la solidaridad y la paz. Así también se establecía la defensa de la soberanía nacional y la promoción de un mundo multipolar; y, el desarrollo económico y social internacional. En materia internacional, el X Plan de la Nación contemplaba la promoción de la democracia participativa y protagónica.
 
 Los invito a leer una excelente investigación: Papel de trabajo elaborado por Jesús López. Versión Preliminar. Seminario Interno. CENDES.200

sobre: 

LA PLANIFICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL NUEVO MODELO DE

DESARROLLO Y DE GESTIÓN PÚBLICA. 

    Este trabajo analíza de fondo el Plan Nacional X. Propuesto por el presidente Hugo Chávez y su modelo de transformación  económico y social, que en la práctica y en la teoría eran contrapuetos.